¿Hay motivos para “celebrar” el posible condicionamiento de los recursos de los Estados Unidos para la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia?

Durante el mes de Julio se conocieron dos decisiones, una legislativa y otra judicial, que posiblemente afecten algunas estrategias y programas del gobierno contra los cultivos y las sustancias ilícitas. Por un lado, la aprobación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del condicionamiento a los recursos para ayuda militar en la lucha contra los cultivos ilícitos exigiendo “cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para la fumigación aérea” y por otro lado, la sentencia del Consejo de Estado que moduló el Decreto 1844 de 2018 sobre las medidas correctivas ante comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con sustancias estupefacientes o sicotrópicas. 

Frente a la decisión de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos, fue propuesta por representantes del partido demócrata, la Representante Ocasio por el Distrito 14 del Estado de Nueva York y Jim McGovern por el Distrito 2 del Estado de Massachussets.

Esta decisión preliminar (aún falta aprobación en el Senado) recibió apoyo, celebraciones y elogios por parte de varios sectores y legisladores en Colombia. Una de ellas la representante del Partido Verde por Bogotá, Juanita Goebertus, quien aclaró que la fumigación sería “la última opción y con sustitución”.

Vale la pena reflexionar y preguntarse, dado que la solicitud de los representantes estadounidenses no va dirigida a dejar de apoyar la política contra los cultivos ilícitos sino contra una de las estrategias en específico, ¿cuáles son las otras opciones? La respuesta a esto se encuentra en los programas de sustitución o “Desarrollo Alternativo”, y por otro lado la erradicación manual.

Frente a la primera alternativa, el desarrollo alternativo o sustitución, diversos expertos e investigadores han demostrado la inefectividad e ineficiencia de dicha estrategia, por ejemplo, Dávalos (2016), Daniel Mejía, Sergio Uribe, entre otros.  

La otra alternativa, es decir la erradicación manual forzada, actividad realizada por medio de contratistas (usualmente para empresas temporales) y las Fuerzas Militares, si bien parecen lograr el objetivo de disminución de área cultivada lo hace a un costo humano muy elevado, y a diferencia del supuesto riesgo a la vida causado por la fumigación aérea, en este caso sí estamos hablando de heridos y muertos como consecuencia directa erradicación manual. Según registros de la Policía Antinarcóticos, compartidas por investigadores de la Fundación ideas para la Paz, entre los años 2009 y 2019 se estaría hablando de 126 muertos y 664 heridos (Garzón, Gelvez y Silva 2019).

Este tipo de dilemas entre alternativas son frecuentes en el diseño y ejecución de programas que integran una política públicas. Eugene Bardach (1998) ya señalaba que en la confrontación de los costos y beneficios habría casos en que decidir “¿cuál es el valor de una vida humana?” (p. 63), una tarea que nadie querría tener en sus manos, pero que se facilitaría con el concepto del mínimo aceptable.

Lamentablemente algunos sectores de la sociedad colombiana, están cerrados a sopesar los costos y beneficios entre alternativas y a plantear un debate desde la idea del mínimo aceptable. Posiblemente por intereses políticos electorales prefieren sostener posturas maniqueas, y es que mientras los supuestos afectados por las fumigaciones cuentan una organización y movilización para chantajear y lograr el apoyo a sus demandas, los erradicadores no, y en el caso de la Fuerzas Militares tienen prohibido legalmente organizarse o manifestarse en contra de dichas medidas, a pesar de ser el actor más afectado en término de vidas humanas por la prohibición de la fumigación aérea.

Es en este contexto que la figura de los analistas, en principio libres de interés políticos – electorales debe emprender un proceso educativo en el sentido expresado por Bardach de “animar a los actores políticos importantes a reconsiderar sus criterios evaluativos a la luz de hechos o argumentos con los que el analista podría llamar su atención” (1998, p. 43). Esta labor ha sido asumida por muy pocos en el país, entre estos pocos vale destacar al ex Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón (@PinzonBueno ).

Sea pues esta coyuntura la oportunidad para que el Dr. Pinzón se movilice ante Senadores del Congreso de los Estados Unidos en contra de la condicionalidad a la aspersión aérea, y para que los sectores radicales en contra de la fumigación aérea en Colombia tomen en cuenta a los  erradicadores y militares antes de “celebrar” medidas que generan costos en vidas humanas mucho mayores a los supuestos “daños” de la fumigación aérea.

 

Nota 1: el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump parece tener más claridad en el tema que el Presidente de Colombia Iván Duque, pues en la reunión entre ambos mandatarios el discurso de Trump se concentró en la necesidad de aspersión aérea mientras Iván Duque señaló continuar “todas” las alternativas, entre ellas la erradicación manual.

 

Referencias:

Bardach, E. (1998) Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas. México: Fondo de Cultura Económica.

Dávalos, E. (2016) New answers to an old problem: Social investment and coca crops in Colombia. En International Journal of Drug Policy, 31, p. 121-130.

Garzón, J., Gelvez, J., y Silva, A. (2019) Los costos humanos de la erradicación forzada ¿es el glifosato la solución? En Fundación Ideas para la Paz, https://bit.ly/31bM1gb .