Listas al Congreso, ¿Todos representados? Los retornados colombo venezolanos "como la guayabera, por fuera"

Recientemente los partidos y movimientos que recogieron firmas presentaron las listas de candidatos que aspirarán al Congreso de la República, tanto a Senado como Cámara.

Como ya es costumbre con estos anuncios, diversos sectores, en especial influenciadores de las redes sociales, se pronunciaron con críticas a dichas conformaciones, con la paradoja que son personas que no hacen vida en los partidos políticos como militantes y quieren reclamar como si hiciesen parte de estos y del proceso de formación de dichas listas.

Ahora bien, en términos generales, pareciese que la pluralidad social tendría candidatos que representen sus intereses particulares, no obstante, hay un inmenso grupo social que sigue sin representación, y con muchos problemas por ser atendidos, es el grupo de Colombio Venezolanos retornados. Según algunas cifras, de los 2.8 millones de venezolanos que han ingresado al país en los últimos 10 años, al menos 900 mil tendrían doble nacional (según la IA).

 

¿Qué problemas particulares sufre esta población?

Este grupo poblacional sufre de los mismos problemas generales del resto de la población, con el añadido particular de enfrentar barreras administrativas en casi cualquier interacción con el Estado colombiano.

Por citar algunos ejemplos:

1. Barreras al acceso a la oferta de política pública social. La mayoría de las políticas públicas sociales en Colombia tiene un diseño focalizado y restringido para ciertas edades, vinculación territorial o étnica. Ninguna de las cuales encaja con la población de retornados, que en la mayoría de los casos se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad que las poblaciones señaladas.

 

2. los formularios de las entidades públicas no están parametrizados para poder ingresar la información de lugares o entidades por fuera de Colombia. Lo cual en no pocos casos termina convirtiéndose en un viacrucis para poder culminar con éxito el diligenciamiento de formularios que deberían ser simples.

En no pocos casos toca directamente mentir en el formulario, con el riesgo que se convierta en una causal para que la administración niegue la solicitud de información o derecho exigido por el ciudadano colombo venezolano.

 

3. El listado de requisitos para realizar trámites civiles como el matrimonio. El registro civil de nacimiento con la nota especial para matrimonio solo puede ser solicitado en el consulado en el que se hizo el registro.

Y aunque en la actualidad algunos consulados colombianos están operando en Venezuela, durante muchos años no estuvieron abiertos. Y aún en la actualidad, con los consulados abiertos, a muchos se les hace imposible o en extremo riesgoso viajar para realizar estas gestiones en los consulados.

Aunque he escuchado rumores que en las Registradurías Principales de los Departamentos se puede expedir el documento, no he tenido la oportunidad de verificarlo, y en todo caso, la información no la manejan ni siquiera entidades que deberían tenerla clara, como las Notarías, en donde si he tenido la oportunidad de preguntar y he recibido como respuesta que el trámite debe realizarse en el Consulado como explicamos previamente.

 

4. Barreras para integrarse cultural y socialmente. A pesar de compartir una raíz histórica y cultural común, no se observan acciones Estatales en ningún nivel, ni promovidas por la sociedad civil, para intentar lograr estos procesos de integración, tan necesarios y que se han convertido en uno de los principales problemas para sociedades receptoras de migrantes en otros contextos de mayor diferencia cultural.

 

 

¿Por qué los retornados deben ser objeto de ofertas de campaña por parte de los candidatos a Senado y Cámara?  

Como se puede observar estamos en presencia de un importante grupo de potenciales votantes que llevan, al menos 10 años, sin recibir ningún tipo de representación por parte de poder público colombiano alguno.

Sin desconocer que desde los ejecutivos (en especial el del gobierno Duque) se han hecho algunos avances de focalización sobre los migrantes venezolanos en condición de vulnerabilidad, poco o nada se ha hecho por los retornados. De hecho, el formulario disponible para los retornados, si mal no recuerdo de Migración Colombia, es de engorroso diligenciamiento y no dirige de forma directa a ninguna articulación con el Estado para conocer la oferta de servicios.

En este sentido, aquel candidato, y mejor aún si es retornado, que realice una oferta electoral focalizada a este sector, logrará capturar un nicho importante de votantes que posiblemente lo acompañaran a largo plazo. Y es que, a pesar de la captura de líder de la autocracia Venezolana Nicolás Maduro, lo más probable es que en ese país se desate una guerra civil entre los bandos chavistas en disputa, lo que generará otra ola importante de migrantes en la región, o, en todo caso, el proceso de reconstrucción de dicho país, y por tanto el retorno de los colombos venezolanos a Venezuela, será lento y entre el mediano-largo plazo.

Otro fenómeno interesante que se observa en redes sociales es el de venezolanos migrantes en Chile que, a pesar de retornar a Venezuela por temporadas, no dejan de hacer vida en ambos países, manteniendo pequeños negocios y entradas de dinero generadas Chile, mientras viven ciertas épocas o temporadas en Venezuela. Si este tipo de vínculos se están generando con países en los que no tienen derechos civiles plenos, los vínculos serían mayores aún con Colombia, dado el contar con ciudadanía plena (en principio).

Esperando que algún candidato se anime a hacer esta oferta electoral, se despide, un colombiano retornado al que todo le ha costado y le sigue costando el doble de esfuerzo y sacrificio.

 

Nota: un jalón de orejas a los retornados.

Es inconcebible que con las cifras señaladas en este blog y las problemáticas que se presentan, hoy, después de al menos 10 años y 3 elecciones al Congreso, no se haya presentado como candidato un retornado, o no al menos uno que enarbole sus banderas y represente a esta población.

Aunque puede haber muchas causas para no hacerlo, como la esperanza de retornar en el corto plazo a Venezuela o ver el camino de la política electoral como algo costoso y riesgoso, se debe entender que es una oportunidad que no debe dejar pasarse, más aún para aquellos que no se encuentran en las causales de inhabilidades para ser candidatos.

Entiendan, no tienen nada que perder y mucho que ganar solo con presentarse como candidatos.

La tecnocracia y su desconocimiento del republicanismo. Problema para el debate público.

En una reciente entrevista (https://x.com/arielarmelv/status/2001629082392682798 ), un connotado representante de la tecnocracia colombiana señaló sobre uno de los candidatos punteros a la presidencia de la república que “su campaña ha sido sloganes nada más”. Previamente se había autodenominado como liberal, defensor de las libertades individuales y que por tanto no podría apoyar a esa candidatura.

Este pequeño ejemplo puede ser significativo sobre una tendencia dentro de la élite tecnocrática colombiana: un desconocimiento absoluto del pensamiento político republicano y sus principales características (no todas son contrarias a su ideario político liberal). Por esa razón, se procederá a mostrar cómo, lo que el tecnócrata denomina como “sloganes”, son contenidos del pensamiento republicano y cerraremos con una breve reflexión para este tipo de personajes.

 

Ideas del candidato cuestionado por el tecnócrata.

Desde antes de la campaña el citado candidato había mostrado su cercanía con las ideas republicanas de la antigua Roma, de hecho, en sus redes sociales simulaba diálogos y conversaciones con una IA que hacía las veces del Emperador romano Marco Aurelio: https://www.youtube.com/watch?v=n825NSHQi8o , dialogando en torno a la Virtud, una de las principales categorías de este pensamiento.

De igual forma, ya en épocas más cercanas de precampaña, en su discurso se repite constantemente otras ideas cardinales para el republicanismo como: la Patria, la ley y la dictadura (en la concepción clásica) (https://www.youtube.com/shorts/uBkHm5G-4s8 , https://www.facebook.com/watch/?v=1984890642057522 ). Y aunque con algunos detalles para corregir, demuestra una apropiación y convencimiento con dicha forma de pensamiento, que, a pesar de ser enunciadas con frecuencia en los mitos fundacionales de la nación y el Estado en Colombia, en realidad nunca fueron acogidas por las élites del país.

Con este breve recuento, ya se contarían con 4 de las 6 principales categorías del Republicanismo según Andrés Rosler (reseñadas por Rodríguez Valero 2023 en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9637876.pdf ), las 2 categorías restantes son las ideas de libertad como no dominación (diferente a la libertad como no intervención liberal) y el debate.

 

Reflexión para la élite tecnocracia colombiana.

No se puede negar que los tecnócratas están altamente formados en economía y contratos para dar cuenta de la realidad social e intervenir sobre ella, logrando avances, lentos pero sostenidos (hasta que dejaron de tener influencia en el gobierno), en la generación de bienestar social en Colombia. Sin embargo, esa misma gran capacidad, mezclada con algo de soberbia, ha generado sociedades plurales liberales, de todos contra todos por la búsqueda de intereses particulares y la captura de rentas públicas, insuficientes siempre y cuyos remedios liberales solo servirán para tapar fugas, momentáneamente, mientras otros cientas estallan en otros sectores.

De allí el humilde llamado a la reflexión y a mirar con otros ojos al pensamiento republicano y sus principales ideas en la que sí se podrían encontrar verdaderas salidas a las grandes crisis de las sociedades liberales pluralistas. De hecho, por suerte, varios tecnócratas parecen haber entendido la importancia de alguna de estos principios republicanos, por ejemplo, el importante rol de la ley para generar políticas públicas rígidas que no sean vulnerables a la discrecionalidad de los gobiernos.

El único culpable sin que se demuestre lo contrario.

A pesar que la corriente interpretativista del derecho avanza lentamente en la supresión del principio moderno según el cuál nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, a la fecha sigue teniendo vigencia en términos generales en cuanto a la protección de las personas naturales. No obstante, la situación parece diferente frente a personas jurídicas, y en especial sobre la persona jurídica pública por excelencia, el Estado. Esa ficción jurídica, también moderna, y que en la posmodernidad parece ser la causante de las infinitas desgracias y desventuras de los millones de personas que habitan en su territorio.

En ese sentido, y a propósito del debate entre una candidata a la Presidencia de la República de Colombia y un Periodista del medio de comunicación de la Silla Vacía, en torno a la culpabilidad del Estado sobre las Masacres de las que fueron víctimas los miembros del Partido Político la Unión Patriótica, nos detendremos a analizar las afirmaciones de dicho debate, lo que indican las cifras de la CIDH y otra cifra más desagregadas sobre el tema, y, reflexionaremos sobre los posibles efectos de la tendencia de seguir considerando al Estado culpable de cualquier fenómeno social que ocurra.

 

Las afirmaciones.

En el minuto 20 (https://www.youtube.com/watch?v=_7xBVAKVeSk&t=4274s ), el periodista, en medio de una risa, supongo que algunos la interpretarán como inocente, en mi caso diría que macabra, señala: “la Unión Patriótica y que el Estado exterminó”.

A lo que la candidata procedió a responderle que “partía de una falsa premisa … y que la UP era el brazo político de las FARC”. A lo que el periodista respondió con un “Sí”.

Luego de un intercambio, y ante el señalamiento de la candidata que “no está probado lo que dices”, el periodista acudió a la “verdad” judicial señalando que “hay una condena de la Corte Interamericana”.

El intercambio continuó con la candidata enunciando una serie de argumentos, tesis, textos y sentencias previas a la de la Corte Interamericana. Argumentos que no fueron considerados por el periodista, que se sostiene en la “Legitimidad de la Corte Interamericana” y la “existencia de un proceso contencioso”. La candidata señaló que ese tribunal desconoce la verdad histórica, y comenzó a señalarle algunos ejemplos históricos que muestran la complejidad del conflicto del Colombia, a lo cual el periodista le reconoció alguno de los ejemplos.

La conversación siguió a otro tema, señalándose ambos de ser revisionistas históricos.

 

Las cifras.

La sentencia de la CIDH (2022) condena al Estado Colombiano por Responsabilidad “Directa” por 677 víctimas confirmadas (sin discriminar en la base de datos si el Estado había actuado de forma directa o por “omitir sus deberes”). Ordenadas por tipo de delitos de la siguiente forma:

Delito	Ocurrencias
Ejecución extrajudicial	441
Amenazas	123
Desaparición forzada	94
Desplazamiento forzado	73
Tortura	64
Judicialización infundada	16
Tentativa de homicidio	9
Lesiones	6
Falta al deber de investigar	1

 

Cálculo Propio basado en el anexo 1 de la Sentencia. La suma da 827 debido a que una misma víctima de la 677 pudo haber sufrido varios delitos.
Nota: El anexo 4 de la sentencia, en el que soportan los hechos para condenar al Estado Colombiana solo cuenta con información de 240 Muertes Violentas, es decir, no se muestra información de 200 de las 441 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.   

El anexo 3 de la sentencia contiene un listado de 5503 víctimas que serían objeto de constatación por parte de la CIDH para ser reconocidos también como víctimas.

En todo caso, ante estos vacíos para un conocimiento profundo de la responsabilidad Estatal directa usaremos otra fuente a la cual he tenido acceso, no solo para conocer los datos del caso sino para entender este fenómeno de las masacres. Uno de los mejores textos es el libro producto de investigación Identidades Políticas y Exterminio Recíproco. Masacres y Guerra en Urabá 1991-2001 de Andrés Fernando Suárez (2007). Aunque se circunscribe a la región del Urabá y un período de 10 años es altamente representativo dado que esta zona y período fue la que concentró la mayor cantidad de víctimas según informes de la propia Comisión Histórica del conflicto (2022):

La investigación analiza los hitos históricos y se identificaron como los períodos más críticos los años 1988, 1996 y 1997. El 40% de las víctimas letales provienen de Antioquia (Medellín y Urabá especialmente), y le siguen víctimas del Magdalena Medio, especialmente de Santander. No obstante, la violencia política ocurrió en toda Colombia desde La Guajira hasta Arauca (https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/victimas-union-patriotica-comision-verdad-jep ).

Portada del texto de Suarez (2007).

En este texto, Suarez nos muestra la siguiente información sobre el número de víctimas de Masacres en el Urabá por tipo de victimario (luego veremos a detalle por militancia política):

Como vemos, el ejército estaría involucrado en 11 de las 597 muertes, lo que representa el 1.8%. Excluyendo del cálculo las 87 víctimas de los Grupos Armado sin Identificar, el Ejército seguiría estando en el 2% de responsabilidad de las víctimas de masacres en el Urabá.

Ahora bien, en cuanto a víctimas por militancia política Suarez (2007) nos comparte los siguientes datos:

Como puede observarse en la Tabla 6, no se refleja el Ejército entre los victimarios de la Unión Patriótica UP, siendo sus principales victimarios los Grupos Paramilitares y los Comandos Populares. Estos Comandos Populares estaban compuesto por ex miembros de Ejército Popular de Liberación (EPL) que se habían integrado a la vida civil, en buena parte haciendo vida en el Partido Político Esperanza, Paz y Libertad, sin embargo, una vez comenzaron a ser víctimas masacres por parte de las FARC, como se ve en la Tabla 5, retomaron las armas, y así como las FARC se ensañaba con los miembros del Partido Político Esperanza, Paz y Libertad, ellos se ensañaron con la UP, por considerarlo el brazo civil o político de las FARC.

En este sentido, una desagregación profunda de los datos permite observar que la afirmación del periodista del “Exterminio de la UP por parte del Estado” es irresponsable frente a la realidad histórica, la cual parece más cercana a la postura de la candidata que afirmó que se trató de masacres entre los mismos grupos de izquierda. Y vale la pena recordarle al periodista, como lo hizo otra candidata en otra entrevista, que la CIDH solo procesa al Estado, por lo cual, así la realidad de los números indique que particulares y grupos no Estatales fueron los que cometieron la mayoría de los delitos, estos nunca serán condenados por la CIDH.

 

Reflexión sobre los efectos de este tipo de debate.

Varias aristas podrían revisarse frente a este debate, pero como es ya el principal tema de interés de este blog, nos detendremos en los efectos negativos de la forma interpretativista de entender el derecho:  

1. Aumento de la deslegitimización del Estado, en especial de la rama ejecutiva, la administración y la fuerza públicas, la cual, paradójicamente, es la que mayor interacción tiene con la ciudadanía.  

2. El aumento del ciclo vicioso de: Condenas por altas sumas por fallas del Estado – incumplimientos del Estado o cumplimientos parciales – Estado sin recursos para cumplir sus funciones básicas – Nuevas fallas en el Estado – Nuevas condenas.

En caso de que el Estado colombiano deba pagar finalmente el listado de personas del anexo 3 de la sentencia, se estaría hablando de una importante cifra de recursos que aumentará los problemas financieros para cumplir con sus funciones ordinarias.

Recordemos que actualmente el Estado no ha podido cumplir con reparaciones administrativas de víctimas y cursan varias demandas ante Estrados judiciales por billones de pesos por concepto de víctimas del conflicto.

3. Continuación de condenas de la CIDH por cifras extraordinarias y que no se ven en jurisdicciones protectoras de derechos humanos de otros continentes. 

4. Continuación de sentencias sin consideración del impacto financiero por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia. Tamayo Jaramillo (2012) ha señalado en varios de sus textos como en otros países, con muchos más recursos que Colombia, el Estado no es responsable por crímenes cometidos por el terrorismo, y a sus víctimas, a lo mucho, se le reconoce alguna compensación por vía de ley por solidaridad social, no por responsabilidad del Estado.

5.  La disminución de los incentivos para los Defensores del Estado en instancias internacionales. Recordemos que ya se han presentado casos en los que el Estado ha reparado por condenas de la CIDH a supuestas víctimas de ejecuciones judiciales que luego se descubre que eran personas que estaban con vida.

6.  La proliferación de la idea del Estado Parvulario y la Burocracia del Consuelo descrita por De Lora (2024), que hace pensar a los ciudadanos que el Estado es el responsable de todas sus desgracias y de la satisfacción de todos sus deseos.

La simplificación y maniqueísmo sobre el debate político, pues como trató de convencer el periodista a la candidata, al parecer no se podría cuestionar una decisión de la CIDH, a pesar de que esta no recoja, ni de lejos, la complejidad del fenómeno de las Masacres por motivos políticos entre grupos de izquierda en Colombia. 

5.º puesto agridulce: Colombia en la FIBA Women AmeriCup 2025

La Selección Colombia femenina de baloncesto vuelve a repetir el 5.º puesto en el torneo, por cuarta vez consecutiva. Cabe destacar que, a diferencia de los torneos de la FIFA —donde, tras quedar eliminados en octavos o cuartos de final, los puestos del 5.º al 16.º se asignan según puntos y goles—, en FIBA cada posición debe ganarse en la cancha, es decir, nuestra selección, luego de perder en cuartos de final contra Canadá, tuvo que disputar dos partidos más para obtener ese quinto lugar, enfrentando a otras selecciones también eliminadas en cuartos. En ese sentido, se trata de un logro legítimo y meritorio, conseguido en la cancha y con mucho esfuerzo.

Sin embargo, el resultado deja un sabor agridulce, ya que había una posibilidad real de mejorar la posición, al menos alcanzando el 4.º lugar. El cruce contra Canadá en cuartos fue producto de una ajustada derrota en fase de grupos ante Puerto Rico, por apenas una canasta, luego de que las boricuas lograran una racha de 17 puntos sin respuesta. De haber ganado ese partido, el rival en cuartos habría sido Argentina, un equipo al que había una alta probabilidad de vencer.

Aun así, en este espacio sostuvimos que Colombia podía competirle a Canadá, y es justo reconocer que el entrenador Cuenca planteó muy bien el partido. Intentó replicar lo que le permitió a Brasil vencer a las canadienses en fase de grupos: explotar al máximo el juego interior con Dantas y Cardoso, quienes jugaron 37 de los 40 minutos posibles. Ejecutaron un juego de poste alto–poste bajo brillante, con muy pocos errores. Incluso, en los dos primeros cuartos, Brasil aplicó transiciones rápidas a pesar del físico de sus pívots.

Brasil también impuso un juego muy físico desde el inicio. Enviaron un mensaje claro: entrar a la pintura tendría consecuencias. De hecho, la pívot canadiense debió jugar con atención nasal tras una hemorragia en el primer cuarto. En el rebote —tanto ofensivo como defensivo— todo el equipo brasileño luchaba cada balón como si fuera el último. Esto condujo a una Canadá frustrada que cometió varias faltas ofensivas, al ser un equipo poco ágil para el rebote ofensivo.

Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia si Colombia intentó replicar el mismo enfoque? ¿Por qué perdimos por 24 puntos? Hasta el minuto 7 del primer cuarto el partido era parejo, con una Colombia intentando emular el planteamiento brasileño. Pero el último pase hacia la pintura —dirigido a Yuliana Paz— solía fallar, y cuando lograba concretarse, las defensoras canadienses se recuperaban rápidamente y le dificultaban el tiro. Si bien Paz elevó mucho su nivel en los últimos partidos (salvo contra EE. UU. por el ritmo), aún no tiene el desarrollo ofensivo de Dantas o Cardoso: proteger el balón, no bajar el balón, girar usando el antebrazo y los codos, usar bien el cuerpo, etc. Aun así, era importante mantenerla en cancha: se le veía enfocada, sin miedo. Jugó solo 20 minutos, aunque hubiese sido razonable darle al menos 26. Tiene apenas 25 años, ocho menos que Dantas.

Parte de las dificultades también se debieron a la defensa canadiense, que hizo marca uno vs uno con poca rotación, dejando libres los tiros de media y larga distancia. Lamentablemente, faltó confianza para tomarlos, salvo en el caso de Carolina López en los dos primeros cuartos y de Delgado en el tercero y cuarto. Esa confianza sí estuvo presente en otros partidos. De hecho, en el tercer cuarto Delgado supo aprovechar los espacios, anotando varias canastas gracias también a los buenos pases de López.

En este punto quedaron en deuda las veteranas Ríos, Martínez, Delgado y Muñoz, especialistas en tiros en suspensión, quienes debieron asumir más protagonismo ofensivo ante la defensa que ofrecía Canadá.

En resumen, aunque perder era una posibilidad, no debía haber sido por una diferencia de 24 puntos. También nos afectaron la lesión de Moscarella y el hecho de que los árbitros permitieran un alto grado de contacto físico por parte de las canadienses.

A pesar de todo, merecen reconocimiento Yuliana Paz y Manuela Vente, así como Caicedo por su intensidad defensiva. Carolina López tuvo un muy buen partido en ataque; merece una oportunidad en alguna gran liga internacional, y si sigue a este nivel y se muestra también en torneos 3x3, seguramente la tendrá.

Gracias a las jugadoras y al cuerpo técnico. Han hecho un gran trabajo. Hay material para seguir creciendo, y quizás sea cuestión de tiempo (y algo de suerte) para entrar en el top 4 o alcanzar un podio. Brasil depende en gran medida de Dantas (33 años), y Argentina de Gretter (32). En cambio, Colombia tiene un equipo cuyas principales figuras están entre los 25 y 28 años. Y, como no nos cansaremos de repetir, Moscarella tiene apenas 18 años y puede jugar en casi todas las posiciones. El futuro está ahí.

No es un sueño el podio para Colombia en la FIBA Women Americup.

Comenzó la Women Americup FIBA, otro más de los muy buenos torneos que FIBA nos regala todos los veranos. Y aunque la transmisión televisda no se está ofreciendo de forma pública, se pude ver todo el torneo por apenas 5 dólares en la plataforma de Courtside1891.

La selección Colombia ha finalizado la fase de grupo con 2 victorias y 2 derrotas. Las dos victorias contra México y Chile, y las derrotas contra Estados Unidos, predecible en el resultado mas no la diferencia de puntos, y contra Puerto Rico, en un cerrado partido en el que se perdió por apenas una canasta. Con estos resultados se tiene asegurado el 3er puesto en el grupo, lo que llevaría a jugar en la próxima ronda de eliminación directa contra Canadá, un rival durísimo, que, sin embargo, perdió contra Brasil en su grupo.

Las impresiones hasta ahora del desempeño de la selección han sido positivas y hacen pensar en que se puede dar la sorpresa ganándole a Canadá. Entre este listado de elementos positivos tenemos:

1. La profundidad en la banca.
Se ha equilibrado la carga entre las jugadoras. La banca está en un nivel muy alto y puede cargarse de muchos minutos durante el partido. Jugadoras titulares como Ríos, Muñoz, Martínez y González han tenido muchos minutos de descanso que no han disfrutado en otros torneos.

2. El nivel de las dos López es superlativo. Tienen una efectividad de tiro de campo tremenda, lo que da una seguridad enorme.

3. La energía, seguridad y confianza que aporta Moscarella en ambos lados de la cancha. Está demostrando el mismo liderazgo que demostró en la sub 16 y sub 19. Lamentablemente se lastimó vs México y no jugó contra Chile. Esperemos que esté al 100% para los próximos partidos.

Ahora bien, también hay algunos puntos débiles o a revisar contra ciertos rivales:

1. La transición en defensa. Contra Estados Unidos fue uno de los factores que hizo que la diferencia en la derrota fuese de 40 puntos y no menos. En especial Paz se vio muy lenta en la transición defensiva, lo mismo que González, que contrario a lo que esperábamos el año pasado, parece que se decidió en jugar como puesto 4 y ha ganado algo de masa muscular para competir en fuerza en esta posición.
Al jugar contra este tipo de equipos tocará mejorar en este punto. Puerto Rico, equipo contra el que Colombia perdió por apenas una canasta, también perdió contra Estados Unidos, pero por una diferencia de 18 puntos, mucho menor a la diferencia por la que perdió Colombia.

2. Muy poco corte al aro desde las esquinas. Aunque el % de tiro de media y larga distancia está muy bueno, no se puede confiar tanto en ello, hay que tener el factor sorpresa, y salvo Ríos, Caicedo y algo Muñoz, se busca muy poco este tipo de juego.

3. Aunque no ha sido generalizado, ante presión alta se ven algunos problemas en la salida y la subida del balón al otro lado de la cancha, hay que estar más pendientes y prever estas situaciones de partido.

4. En algunos duelos defensivos uno contra uno no hay confianza salvo en algunas jugadoras como Moscarella. La novata de México Jeffries al ir al uno contra uno contra diversas jugadoras colombianas las dominó. Esto es algo a cambiar.

Con base en todo esto considero que no es descabellado pensar que se le pueda ganar a Canadá en la fase de eliminación directa del torneo, algo que ya hizo Brasil, que, si bien en torneos de años anteriores se ha mostrado superior a Colombia en el global, por tramos de los partidos se ha estado en igual nivel con una selección de menor calidad a la que tenemos actualmente.

Esperamos que todo el país se sume al apoyo, en especial desde medios de comunicación que siguen abocados en el Mundial de Clubes, atentos a las actuaciones de uno que otro jugador colombiano que participa en dichos equipos.

Comparaciones odiosas, pero necesarias parte 2. Quedar en las manos los jueces.

Luis Alfredo Rodríguez Valero[1]. Alejandra Martínez Cánchica[2]. 

En la entrada anterior de esta serie de artículos señalamos la importancia de la comparación entre el caso actual colombiano y el venezolano de finales de los 90 ante amenazas al orden republicano y democrático.

Así, y ante la avanzada de la amenaza del gobierno sobre llevar adelante la Consulta Popular sobre las reformas laboral y a la salud a través de Decreto, a pesar de la decisión negativa del Senado de República, se escucha en la opinión pública que “quedamos en manos de los jueces”, generando en la mayoría de analistas e “informados” confianza en una decisión que detuviese la consulta sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales y republicanos del legislativo. 

Ahora bien, nuevamente el caso venezolano puede ser ilustrativo de cómo dicha confianza puede ser desmedida y no muy prudente. Y para mostrar esto, se revisará el proceso de destrucción republicano en Venezuela a través de los textos del abogado administrativista Allan Brewer Carías (1999, 2001 y 2021) quien ha hecho un seguimiento pormenorizado del caso y fue uno de los protagonistas de primera mano.

Señala Brewer Carías que buena parte de la responsabilidad en el quiebre de la república fue consecuencia de la inacción del legislativo por un lado (inacción que puede estar asociado a la confianza en el activismo judicial), pero sobre todo a las ambigüedades de la Corte Suprema de Justicia respondiendo varios recursos de interpretación relacionados con la propuesta de realizar una consulta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Una propuesta que había sido presentada por el candidato Chávez durante la campaña presidencial victoriosa de 1998.

Así, uno de dichos recursos solicitaba aclarar aspectos sobre una lectura de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política a la luz del artículo 4 de la Constitución Política, toda vez que existía un debate jurídico en torno al poder soberano y los límites constitucionales de ese. En ese sentido, las dos preguntas a responder eran: 

1. ¿Se puede convocar referendum consultivo sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)? 

2. ¿Se podía hacer dicha convocatoria sin antes reformar la Constitución Política vigente de 1961 que no contemplaba la figura de la ANC? 

Antes de ver la respuesta, vale destacar que el grado de confianza en la rama judicial y su activismo era bastante significativo, expresado en palabras de los accionantes en los siguientes términos: 

“por esto recurrimos a la Corte en el entendido de que todos los participantes aceptarán como regla de juego su veredicto inapelable. Lo hacemos antes de que los acontecimientos se precipiten y ya no sean administrables, Si la Corte interpreta que la vía sugerida por el Presidente es constitucional y legítima, quienes suscribimos el presente documento seremos sus más decididos propiciadores" (Sentencia 19-01-1999). 

Ahora bien, pasando finalmente al fallo de la sentencia, este no respondió lo solicitado pues solo se limitó especificar el alcance de la ley orgánica del sufragio, señalando que si puede ser usado para “cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley”. Dejó así de lado el responder a la segunda pregunta. 

Por lo anterior, esta decisión ambigua fue recogida por medios de comunicación para difundir que el poder judicial estaba de acuerdo con la convocatoria a una ANC y para que el gobierno de Hugo Chávez, recién posesionado en el mes de febrero de 1999 emitiese un decreto convocando a un referendo decisorio (ya ni siquiera consultivo) que le otorgara poderes sobre una figura que ni siquiera existía en la Constitución de 1991, como lo era la ANC. En la parte motiva del decreto utilizó las sentencias interpretativas de la CSJ.

Como puede observarse, una confianza desmedida en el poder judicial, acompañado de la inacción del legislativo y un gobierno con planes autoritarios cohesionados logró dar un golpe constitucional de forma rápida y sin reacción. 

Obviamente, y al igual que se advirtió en la primera parte de esta serie de artículos, habrá expertos que señalan que las consultas que se están promoviendo en Colombia, una reforma laboral y a la salud, no tienen la dimensión de la que se dió en Venezuela, una asamblea constituyente, además de señalar nuevamente el argumento de la fortaleza institucional. 

En este sentido, si bien es cierto que los efectos inmediatos de las consultas serían diferentes, el efecto a largo plazo podría seguir siendo el mismo, es decir, que sentencias ambiguas o a destiempo del tribunal constitucional abran la puerta al avance autoritario. Y ni qué decir, del argumento de la fortaleza institucional, confiar ciegamente en un tribunal constitucional de elección política no tiene mucho sentido, algo en lo que nuevamente, era bastante semejante el esquema colombiano (salvo en la postulación y las mayorías especiales solicitadas), toda vez que los magistrados en el caso de Venezuela eran postulados y seleccionados por ambas Cámaras del Congreso.

Vale la pena recordar que la Corte Constitucional ha comenzado a experimentar algunas discrepancias en la toma de sus decisiones, abandonando la tradición de consensos y mayorías absolutas, además de tomarse largos períodos de tiempo para resolver demandas de constitucionalidad controversiales como la de la Reforma Pensional. 

Bibliografía.

Brewer-Carías, A. R (1998) Poder constituyente originario y asamblea nacional constituyente. Comentarios sobre la interpretación jurisprudencial relativa a la naturaleza, la misión y los límites de la Asamblea Nacional Constituyente. Editorial Jurídica Venezolana. 

Brewer-Carías, A. R (2001) Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela. Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Brewer-Carías, A. R (2021) Golpe de estado constituyente y fraude constitucional. Lecciones de la experiencia venezolana en la asamblea constituyente de 1999. Editorial jurídica venezolana y Ediciones Olejnik. 

[1] Estudiante de Doctorado en Derecho. Magister en Ciencia Política. Politólogo y Abogado. Docente e investigador de la CUN-Colombia. @rvluis1

[2] Magister en Historia. Historiadora. Docente e investigadora de la Universidad Francisco Marroquín-Guatemala.  

Comparaciones odiosas, pero necesarias parte 1. Del Sistema político y de partidos en Colombia 2022 y Venezuela 1998.

Luis Alfredo Rodríguez Valero[1]. Luis Edgardo Madueño Carrero[2].

Aunque pareciese que en el campo intelectual colombiano ha cesado el discurso hegemónico de ridiculizar las comparaciones entre los gobiernos actuales de Colombia y Venezuela, ahora vale la pena detenerse en los contenidos y temáticas a comparar.

Y es que, hasta hace unos 15 años, al menos en los Congresos de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, proliferaban las ponencias y disertaciones para comparar los “discursos y estilos políticos de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez”, en muchos casos llegando a la conclusión de estar ante fenómenos populistas autoritarios similares. No obstante, tanto hace 15 años como hoy, se considera que las comparaciones deben ampliar el rango de temáticas, por lo que se propone realizar una serie de textos breves para realizar comparaciones en al menos 4 temáticas: 1) sobre el sistema político y de partidos; 2) sobre la hegemonía comunicacional; 3) el activismo judicial como puerta al autoritarismo, y, 4) sobre el apartheid a través de procesos electorales esto último siendo muy importante dado la futura consulta popular temas laborales que se avecina en Colombia.

Así, en esta primera entrada revisaremos el sistema político y partidista, con énfasis en el diseño institucional de los Congresos y la conformación partidista del mismo.

1. El sistema político. ¿Fortaleza o debilidad?

Un discurso de confianza, quizá hasta de soberbia, era expresado por los analistas colombianos en el año 2022, señalando que la victoria en la elección presidencial de Gustavo Petro no devendría en un autoritarismo como el de Venezuela dado la “fortaleza institucional” de Colombia y la “debilidad institucional” de Venezuela en 1998. Señalaban como ejemplo, entre otros elementos: la existencia de fuerzas armadas no partidistas, un Congreso bicameral simétrico con pluralismo de partidos, la independencia judicial, en especial expresada por la Corte Constitucional, los órganos autónomos según la Constitución (Banca central, órganos electorales, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, etc.), y hasta cierto punto la tecnocracia que hacía presencia en ciertas entidades y que tenía la decisión final en la implementación de políticas públicas en esquemas flexibles (Rodríguez Valero 2024 B).

Aunque sería útil la comparación de cada uno de estos elementos, por temas de espacio y tiempo, por ahora solo nos detendremos en el sistema político, revisando el diseño institucional del Congreso y los partidos que conforman el actual Congreso Colombiano y el Congreso Venezolano en 1998 (legislativo que se mantuvo pasivo ante reformas que condujeron al autoritarismo, en especial la Constitucional).

Así entonces, sobre el diseño institucional, un congreso bicameral simétrico (dos cámaras con origen electoral similar que comparte las mismas funciones) como el de Colombia, no parece ser nada novedoso o muestra de una “fortaleza institucional única colombiana”, en realidad ha sido la tendencia histórica en la región latinoamericana, siendo el caso de Venezuela 1998 también un Congreso bicameral simétrico, en el que ambas cámaras comparten la mayoría de las funciones y deben participar en la aprobación de las leyes. Y si bien, este tipo de diseño obliga a mayores negociaciones y consensos, por sí solo no es un obstáculo insuperable para el establecimiento de un régimen autoritario.

Ahora bien, para algunos expertos en el legislativo colombiano como Pachón (2024), una particularidad colombiana es la existencia de Comisiones Constitucionales temáticas que serían un ejemplo de racionalización del trabajo y un obstáculo a proyectos autoritarios, toda vez que le dificulta a los éstos la aprobación de leyes a través de comisiones o plenarias en donde cuenten con mayorías para la aprobación de sus proyectos. Puede que esta si sea una diferencia significativa con la Venezuela de 1998, donde las comisiones no eran constitucionales sino de rango legal y donde llegó a haber un alto número de comisiones. No obstante, aún este diseño por sí solo no es un obstáculo para proyectos autoritarios cuando la distribución de fuerzas en el parlamento o el tipo de partidos puede ceder ante los llamados autoritarios.

Conforme a lo anterior, un buen primer indicador, no exento de críticas, es el número efectivo de partidos según curules NEP, un cálculo usado en Cs. Política para facilitar la distinción entre los partidos con incidencia y poder de decisión en el legislativo (aunque todo esto es relativo y depende de diversos contextos). Así entonces, el NEP para Senado y Cámara de Representantes en Venezuela 1998 fue de 4.8 y 6.2 respectivamente, mientras que en Colombia 2022 es de 8.2 y 10.5. En este sentido, una conclusión posible es que en la Venezuela de 1998 era menores el número de partidos que podrían ofrecerse al proyecto autoritario para apoyar sus medidas. Claro, desde la otra orilla, también podría decirse que la mayor proliferación de alternativas partidistas eleva los costos para que el proyecto autoritario logre coaliciones mínimas para aprobar las iniciativas.

Número efectivo de Partidos por curules en el legislativo.

Cámara	Venezuela 1998	Colombia 2022
Senado	4.8	8.2
Cámara	6.2	10.5

Cálculo propio basado en resultados electorales.

En todo caso, otra variable significativa para esta comparación es el tipo de partidos políticos y el nivel de estructuración de los mismos. Así entonces, en cuanto a los tipos de partidos en la Venezuela de 1998, a pesar de los cambios que venían operándose desde los 90`, la mayoría de los partidos, y en especial los mayoritarios (AD, COPEI) funcionaban como partidos de masas, altamente estructurados en los que políticos profesionales dirigían y coordinaban desde la burocracia del partido (centralismo democrático) las actuaciones, nominaciones y acción legislativa de sus miembros, teniendo cierto grado de cohesión ideológica y programática. Contrario a esto, los partidos colombianos, históricamente y hasta hoy, son partidos de notables, en los que caciques locales controlan un caudal de votos, usualmente mediante clientelismo, por lo cual tienen poca afinidad hacia banderas programáticas o ideológicas de partidos, y menos aún lealtad hacia las direcciones centrales o liderazgos nacionales de los partidos. Una buena comparación entre los partidos de ambos países está en Martz (1992).

Así entonces, la afirmación de “fortaleza institucional” parece haber sido más objeto de una pedantería de la intelectualidad colombiana que de un análisis detallado de la realidad. Claro, se podrá insistir que una muestra de la fortaleza institucional es que a la fecha el gobierno Petro no ha podido aprobar la mayoría de las reformas sociales (hasta ahora una de tres posibles) sin embargo, esto parece ser más el producto de la ausencia de iniciativa del impulso del proyecto autoritario por parte del gobierno que de una fortaleza de la institucionalidad colombiana, algo que al parecer no seguirá siendo así este 2025 y el próximo 2026 y a lo cual será muy difícil de oponerse en un Estado del Ejecutivo o Administrativo en términos de Schmitt, como ha reflexionado Rodríguez Valero (2024). De hecho, la última votación en el legislativo que negó la votación de la consulta popular, apenas se logró con un diferencia de dos votos, algo no muy difícil de cambiar para un ejecutivo con mayor iniciativa.

 

Bibliografía.

Martz J. D. (1992) Party Elites and leadership in Colombia and Venezuela. En Journal of latin American studies, vol. 24, No. 1, pp. 87-121-

Pachón, M. (2024) Mónica Pachón - El coraje del Congreso colombiano y la tentación Bukele. Entrevista para Atemporal https://www.youtube.com/watch?v=yK6cqNkeWTQ&t=3786s

Ramos Jiménez, A. (2001) Los partidos políticos latinoamericanos. Un estudio comparativo. Centro de Investigación de Política Comparada de la Universidad de los Andes CIPCOM-ULA.

Rodríguez Valero, L. A. (2024 A) Una lectura a la actual situación política en Colombia desde el texto "Legalidad y legitimidad" de Carl Schmitt (Parte I). Sobre la fortaleza institucional. https://rvluis1.blogspot.com/2024/01/una-lectura-la-actual-situacion.html  

Rodríguez Valero, L. A. (2024 B) Síndrome interpretativista V. “Sigamos todos la cuerda”. A propósito de la respuesta del Ministerio de Salud al Auto 007-25 de la Corte Constitucional https://rvluis1.blogspot.com/2025/02/sindrome-interpretativista-v-sigamos.html

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[1] Estudiante de Doctorado en Derecho. Magister en Ciencia Política. Politólogo y Abogado. Docente e investigador de la CUN-Colombia. @rvluis1

[2] Magister en Ciencias Políticas. Politólogo. Diplomado en Estudios Avanzados en Teoría de la Democracia por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor investigador del Centro de Investigaciones en Política Comparada de la Universidad de los Andes-Venezuela CIPCOM-ULA.