Síndrome interpretativista IV. Matan al tigre y se asustan con el cuero.

Actualmente Colombia sufre de crisis financieras en varios de los sistemas que regulan algunos servicios públicos, como el servicio eléctrico, la salud pública, las pensiones, etc.

Sin negar que el actual gobierno parece no tener la intensión de solventar o solucionar las crisis, sino de agravarlas, algo que al parecer comienza a tener mayor aceptación, y en especial entre el gremio de los abogados activistas judiciales e interpretativistas es, al menos plantearse la posibilidad que el activismo judicial y el interpretativismo tenga parte de la responsabilidad en el actual caos.

Y es que la crisis financiera parece tener un punto en común: la prodigalidad en las decisiones de los jueces (en especial a través de las tutelas) que chocan y hace inviable las lógicas de los sistemas administrativos. Por ejemplo: 

1. En el servicio eléctrico: uno de los factores que ha generado los aumentos en las tarifas es la normatividad que permite a las empresas prestadoras recuperar pérdidas de facturas no cobradas por diversos motivos, entre esos, obviamente están las facturas no pagadas por el activismo de jueces que a través de tutelas han garantizado el “derecho al servicio eléctrico” sin pago.

2. En el servicio de pensiones: a través del activismo judicial se ha permitido a los usuarios cambios entre regímenes por fuera de los límites establecidos, o también, con decisiones recientes, en los que se disminuye el número de semanas necesarias de cotización a las mujeres. Solo por nombrar dos de muchas decisiones tomadas por la rama judicial que han terminado afectando las finanzas de este sistema.

3.  En el servicio de salud: antes que el derecho a la salud se hiciese “fundamental” con la ley estatutaria del año 2015, existían actos administrativos que regulaban un listado de tratamientos que podían se prestados con los recursos públicos del sistema de salud. No obstante, ese listado era agujerado permanentemente por decisiones judiciales que, protegiendo “derechos” obligaban al sistema asumir tratamientos de altos costo.  
Les recomiendo revisar el texto de Alejandro Gaviria Uribenomics en donde comenta “El caso de Juan”, un hombre de 70 años al que un juez activista le protegió el derecho al “libre desarrollo de la personalidad” ordenando que le fuese instalado una bomba para poder tener erecciones. En la actualidad dicho tratamiento cuesta alrededor de 20 millones de pesos, supongo que en los años del caso habría sido mucho más costosa.

También tenemos el famoso caso de las muñecas sexuales inflables, que dependiendo de la calidad varían de entre 5 millones a 30 millones de pesos y que en un caso registrado un juez activista ordenó, no una, sino dos muñecas con sus respectivos repuestos, para un paciente que vio vulnerado su “derecho a la salud” dado que su EPS se negó a cubrir dicho tratamiento por estar fuera del listado del plan básico (https://twitter.com/OutOfContextCol/status/1537131036269756417?t=6q6qmo_1E1O6Ee3DGXQjaQ&s=19 )

De igual forma, se podría citar el famoso caso de Clifford, el perro al que, si bien el juez no ordenó la entrega gratuita del medicamento, ordenó al dispensario único de un medicamento escaso vendérselo a la “familia” de Clifford para defender el "derecho a la familia".

Y así podríamos citar miles de casos más como estos en los que jueces "hércules" hacen realidad el “derecho” (o ¿deseos?) de algunos pocos sin tener en cuenta los efectos sobre la sostenibilidad del sistema que afecta a todos.

 

¡Así es Imposible!

Como señalé, parece que los abogados activistas comienzan a plantearse la posibilidad (solo eso es un avance cuántico) que el activismo y el interpretativismo tenga parte de responsabilidad en este problema. Así, el prestigioso abogado Héctor Riveros (siempre “sonado” como candidato a la Corte Constitucional), en el marco de la solicitud de SURA de dejar de prestar servicios como EPS, el día miércoles 29 de mayo de 2024, tomó la palabra en el programa de radio mañanas BLU señalando una reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que les reiteraba a las EPS la obligación de sumir la totalidad de costos de transporte, alojamiento, alimentación, entre otros, de los acompañantes de los pacientes que fuesen trasladados para recibir tratamientos.

Extrañamente, en lugar de celebrar, como hace comúnmente, este tipo de decisiones como la “materialización del Estado Social de Derecho establecido por la Constitución de 1991” solo se limitó a decir “Así es imposible”, haciendo referencia a que la financiación del sistema de salud es imposible frente al activismo judicial.

https://youtube.com/shorts/6Iu_cOgorY4?feature=share

 

Mataron al tigre y se asustaron con el cuero.

Aunque en lo personal creo que el cambio de Riveros es para tratar de influenciar en la rama judicial y disminuir el activismo en contra del nuevo sistema de salud que proponga el gobierno, no deja de ser muy significativo su cambio de postura.

Y es que entre el grupo de activistas e interpretativistas, parece que habían acogido como dogma una famosa frase que se le atribuye al exmagistrado Carlos Gaviria: “La economía tiene que someterse al derecho y no a la inversa”. Según Vallejo (2015) esta fase se acuñó ante un argumento de la defensa de una EPS sobre brindar más de 3 diálisis semanales a un paciente que exigía el derecho “fundamental a tener más diálisis por semana”, el representante de la EPS habría argumentado que no habría efecto significativo de mejora en la salud por tener más de 3 diálisis a la semana, pero si un efecto financiero negativo dado el alto costo de las diálisis y el quitarle la posibilidad de acceder al servicios a otros pacientes que requiriesen de este servicio.

Así entonces, parece que estamos en presencia del famoso refrán de “Mataron al tigre y se asustaron con el cuero”. En todo caso, desde este espacio se celebra el que figuras del activismo y del interpretativismo hagan un alto en el camino y contribuyan a la reorganización necesaria del derecho en un primer término, y del resto de sistemas sociales en su conjunto.

 

Bibliografía.

Gaviria, A. (2008) Uribenomics.

Vallejo, J. (2015) Lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta.