El debate entorno a la reforma a la salud, finalmente radicado el proyecto de ley, continúa. En este marco, la Universidad de los Andes el jueves 30 de marzo realizó el evento: Derecho a la salud ¿para todos?, debate sobre la reforma a la salud (https://www.youtube.com/results?search_query=reforma+a+la+salud+uniandes ) un espacio plural que contó con una presentación del Vice Ministro de Salud Jaime Urrego, un panel con diversos perfiles (sociedad civil, representantes del Congreso, ex funcionarios de entidades relacionadas con la salud y ex funcionarios de la rama judicial) y una ponencia final a cargo del ex Ministro de Salud Alejandro Gaviria.
La última de las intervenciones es en la que
quiero detenerme para hacer la pregunta que anima este texto al grupo de tecno-liberales que se oponen a la reforma propuesta por el gobierno.
Y es que hay al menos dos aspectos en las que
el ex Ministro Gaviria parece reconocer que el sistema actual es un oxímoron
que parece no tener viabilidad. El primer elemento que parece
confirmar esta sospecha es cuándo reflexiona entre la salud como derecho
individual vs derecho colectivo (entendido como la sostenibilidad del
sistema), usando como ejemplos de la importancia de entenderla como derecho
colectivo: el aumento en los precios de tratamientos por las altas tecnologías,
la poca utilidad marginal (los paciente que reciben dichos tratamientos apenas
extienden pocos meses la vida) y la ausencia del análisis costo-beneficio
(negado por la Corte según el ex Ministro). Aclara que a la fecha nada de esto
se está teniendo en cuenta, ni en el sistema actual ni en la reforma,
limitándose a señalar que lo único que más o menos existe para proteger la
sostenibilidad es el parágrafo de las exclusiones en la ley estatutaria de
salud (Art. 15), que parece querer decir, no es que sea muy respetado por la
rama judicial al autorizar tratamientos a través de tutelas, priorizando el
“derecho individual” por sobre el “derecho colectivo”.
El segundo elemento es el debate en torno a la
frase: la salud es un derecho y no un negocio. Reconociendo que él “siempre
luchó con esa frase, pero ya se acostumbró a decir, está bien, pongamos el
derecho de primero”. Aclarando que algunos aspectos de la reforma como el pagador único y
el tarifario incentivarían aún más la idea de negocio.
De todo esto queda la pregunta para los
liberales entonces, en el supuesto que se logre esquivar la reforma a la salud
del gobierno, ¿luego qué? Aunque Gaviria es claro en especificar que estos son
debates éticos qué deben darse, no es claro cómo podrán darlo si hasta ahora
han sido sumisos ante las decisiones de la rama judicial que han generado este
oxímoron de sistema. ¿Por qué sería diferente esta vez? ¿Cómo lograría hacer
cambiar a la rama judicial si desde la tecnocracia han aceptado sumisamente todo?
Reconociendo que ya “se acostumbraron” (por no decir otras declaraciones en las
que Gaviria parece aceptar que las reformas al sistema se han construido a
partir de la jurisprudencia de la Corte).
Este pequeño caso es un ejemplo de muchos en
los que observo esta “paradoja tecnócrata liberal” en las que incurren varios
de sus representantes que han ocupado importantes cargos en el Estado Colombiano.
Nota: el ex
Ministro Gaviria señala que el número de amparos (tutelas) presentados para
acceder a los derechos a la Salud en Costa Rica son similares a los de Colombia.
Supongo que basado en la proporcionalidad de la población y el número de
tutelas presentadas, pero no es del todo precisa la comparación. En Costa Rica, con algo más de 5 millones de habitantes, el año con más amparos radicados por
temas de salud ha sido de 7 mil (https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/recursos-de-amparo-de-salud-tramitados-por-sala-iv/6HJHAMRZERDI5MHV472AK3KQCE/story/
), mientras que en Colombia, el año 2019, por ejemplo, se recibieron algo más
de 200 mil tutelas por temas de salud en una población actual de 48 millones de
habitantes (https://www.elcolombiano.com/colombia/tutelas-en-colombia-una-opcion-para-proteger-el-derecho-a-la-salud-OH13369106
). En este sentido, mientras la población en Costa Rica es de casi el 11% de la
población en Colombia, el año con mayor número de tutelas en ese país fue de
apenas el 3% comparado con el caso colombiano.
La anterior aclaración no la hago para apoyar el
argumento según el cual el número de tutelas en Colombia es una prueba del
fracaso del sistema colombiano, sino por el contrario, para que los amigos tecno-liberales
retomen las banderas críticas hacia el diseño de la tutela que el propio ministro
Gaviria había expresado en diversos espacios y en textos como Uribenomics
(2008).
No hay comentarios:
Publicar un comentario