jueves, 6 de abril de 2023

Dra. Ortiz, gracias por la sinceridad. ¿Seguiremos aceptando que los camilleros hagan las cirugías?

La Magistrada Ortiz, tiene una extensa trayectoria de vinculación en la rama judicial y en la Corte Constitucional. Culminó su período como Magistrada de dicha Corporación en Julio de 2022, por lo que en un evento del año 2021 tuvo una intervención expresando opiniones muy sinceras que agradezco gratamente.

Esto ocurrió en el evento: Conversatorio sobre los 30 años de los mecanismos judiciales de protección de derechos de la Universidad Externado, en el año 2021, y disponible en línea en: https://www.youtube.com/watch?v=7X_FIahkp_E&t=4816s . En el mismo, alrededor de la hora con 18 minutos y ante la pregunta sobre la pertinencia de una jurisdicción constitucional para resolver las tutelas expresó lo siguiente:

En relación con el tema de si debe haber una jurisdicción constitucional para resolver las tutelas, ese si es un tema que le he dado vueltas. Creo que por 28 años he pensado como el Dr. Osuna, y creo que los avances en la constitucionalización del derecho en el derecho civil, penal, laboral, se hizo a través de la tutela… Pero en los dos últimos años, he empezado a pensar que definitivamente estamos en unos escenarios que casi que no logramos convencer a los jueces. Ellos ven la tutela como una carga, un “no me dejan hacer mi trabajo, me llega la tutela y me quita tiempo para mi trabajo”, entonces el gran porcentaje de tutelas que llegan a la corte demuestra que no estudiaron la tutela que se la dejaron al ad honoren, al auxiliar judicial que está empezando a estudiar y a aprender de estos temas. No les interesa. Y creo que eso en los últimos dos años me empieza a inquietar, la importancia que debe tener la protección real del derecho.

Si se lo entregamos a los jueces, que son los que saben de eso, o sea, jueces especialistas en derecho constitucional, y bueno, especialista en derecho constitucional es especialista en civil, laboral, penal, pero que sepa del tema. Que la tutela sea su trabajo principal, y que la vean como una herramienta de protección de derecho, puede ser que avancemos en la eficacia del derecho.

La citada intervención me hace cuestionarme sobre la importancia que se le da al derecho desde las altas esferas de la rama judicial. Y es que mientras nadie estaría de acuerdo con que una cirugía la realice el camillero del hospital, al parecer es visto con normalidad, y sin ninguna acción para corregirse, que los practicantes ad honoren o los auxiliares judiciales sean los que redacten los fallos de tutelas que firman posteriormente los jueces.

Ahora bien, entre las propuestas para corregir el “problema” (a mi parecer esa declaración da mínimo para iniciar procesos disciplinarios contra jueces), está la de generar una jurisdicción constitucional como señala Sáchica, o como señala otro de los participantes en el evento, el actual ministro de Justicia Osuna: 1) aumentar el número de jueces o despachos judiciales mejor organizados, y, 2) una “brigada jurídica-académica para disminuir la litigiosidad, para que la gente tenga menos necesidad de demandar (teniendo la posibilidad de la tutela y su diseño, ¿algún ser racional preferirá no acudir al litigio?).

De repente diré un sacrilegio, pero ¿les han preguntado a los jueces si en 10 días se puede hacer un trabajo serio para brindar justicia? ¿Será que hay un problema en el diseño mismo de la tutela? Mauricio Rubio (@mauriciorubiop1 ) ya ha realizado algunos estudios exploratorios en la materia que deberían rescatarse y continuarse.

A dos años del evento, la administración de justicia sigue realizando cirugías a través de los camilleros, ¿hasta cuándo seguirá esta situación? ¿o es que el derecho no es algo serio o que importe de verdad?

Tecno-Liberales, si esquivan la reforma a la salud del gobierno, ¿Luego qué?.

El debate entorno a la reforma a la salud, finalmente radicado el proyecto de ley, continúa. En este marco, la Universidad de los Andes el jueves 30 de marzo realizó el evento: Derecho a la salud ¿para todos?, debate sobre la reforma a la salud (https://www.youtube.com/results?search_query=reforma+a+la+salud+uniandes ) un espacio plural que contó con una presentación del Vice Ministro de Salud Jaime Urrego, un panel con diversos perfiles (sociedad civil, representantes del Congreso, ex funcionarios de entidades relacionadas con la salud y ex funcionarios de la rama judicial) y una ponencia final a cargo del ex Ministro de Salud Alejandro Gaviria.

La última de las intervenciones es en la que quiero detenerme para hacer la pregunta que anima este texto al grupo de tecno-liberales que se oponen a la reforma propuesta por el gobierno.

Y es que hay al menos dos aspectos en las que el ex Ministro Gaviria parece reconocer que el sistema actual es un oxímoron que parece no tener viabilidad. El primer elemento que parece confirmar esta sospecha es cuándo reflexiona entre la salud como derecho individual vs derecho colectivo (entendido como la sostenibilidad del sistema), usando como ejemplos de la importancia de entenderla como derecho colectivo: el aumento en los precios de tratamientos por las altas tecnologías, la poca utilidad marginal (los paciente que reciben dichos tratamientos apenas extienden pocos meses la vida) y la ausencia del análisis costo-beneficio (negado por la Corte según el ex Ministro). Aclara que a la fecha nada de esto se está teniendo en cuenta, ni en el sistema actual ni en la reforma, limitándose a señalar que lo único que más o menos existe para proteger la sostenibilidad es el parágrafo de las exclusiones en la ley estatutaria de salud (Art. 15), que parece querer decir, no es que sea muy respetado por la rama judicial al autorizar tratamientos a través de tutelas, priorizando el “derecho individual” por sobre el “derecho colectivo”.

El segundo elemento es el debate en torno a la frase: la salud es un derecho y no un negocio. Reconociendo que él “siempre luchó con esa frase, pero ya se acostumbró a decir, está bien, pongamos el derecho de primero”. Aclarando que algunos aspectos de la reforma como el pagador único y el tarifario incentivarían aún más la idea de negocio.

De todo esto queda la pregunta para los liberales entonces, en el supuesto que se logre esquivar la reforma a la salud del gobierno, ¿luego qué? Aunque Gaviria es claro en especificar que estos son debates éticos qué deben darse, no es claro cómo podrán darlo si hasta ahora han sido sumisos ante las decisiones de la rama judicial que han generado este oxímoron de sistema. ¿Por qué sería diferente esta vez? ¿Cómo lograría hacer cambiar a la rama judicial si desde la tecnocracia han aceptado sumisamente todo? Reconociendo que ya “se acostumbraron” (por no decir otras declaraciones en las que Gaviria parece aceptar que las reformas al sistema se han construido a partir de la jurisprudencia de la Corte).

Este pequeño caso es un ejemplo de muchos en los que observo esta “paradoja tecnócrata liberal” en las que incurren varios de sus representantes que han ocupado importantes cargos en el Estado Colombiano.

 

Nota: el ex Ministro Gaviria señala que el número de amparos (tutelas) presentados para acceder a los derechos a la Salud en Costa Rica son similares a los de Colombia. Supongo que basado en la proporcionalidad de la población y el número de tutelas presentadas, pero no es del todo precisa la comparación. En Costa Rica, con algo más de 5 millones de habitantes, el año con más amparos radicados por temas de salud ha sido de 7 mil (https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/recursos-de-amparo-de-salud-tramitados-por-sala-iv/6HJHAMRZERDI5MHV472AK3KQCE/story/ ), mientras que en Colombia, el año 2019, por ejemplo, se recibieron algo más de 200 mil tutelas por temas de salud en una población actual de 48 millones de habitantes (https://www.elcolombiano.com/colombia/tutelas-en-colombia-una-opcion-para-proteger-el-derecho-a-la-salud-OH13369106 ). En este sentido, mientras la población en Costa Rica es de casi el 11% de la población en Colombia, el año con mayor número de tutelas en ese país fue de apenas el 3% comparado con el caso colombiano.

La anterior aclaración no la hago para apoyar el argumento según el cual el número de tutelas en Colombia es una prueba del fracaso del sistema colombiano, sino por el contrario, para que los amigos tecno-liberales retomen las banderas críticas hacia el diseño de la tutela que el propio ministro Gaviria había expresado en diversos espacios y en textos como Uribenomics (2008).

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