Blog Maldonado: Justos y Pecadores

Justos y pecadores

El Mundo
27 Feb 2009 - 11:37 PM
Juan Camilo Maldonado T. / Enviado Especial, bajo Cauca

La política de “cero ilícitos” deja por fuera a cientos de campesinos que quieren erradicar cultivos de coca. Las agencias de cooperación internacional no se ponen de acuerdo.

“¿Por qué no llevan a los gringos adonde sí hay coca?”, se pregunta un soldado parado a pocos metros del río Nechí. Con picardía, observa al grupo de diplomáticos y funcionarios del Gobierno que caminan, junto algunos campesinos, por entre un potrero interrumpido por retoños de maíz. “Es cuestión de montarlos en un helicóptero”, insiste en voz baja el uniformado, mientras señala río arriba, hacia ese paraje donde Antioquia se funde con el departamento de Córdoba y en el que el conflicto, aunque no se ve, se siente en el aire.

Aquí llegó primero el oro; con el oro, la guerra, y con la guerra, la coca, “y de eso hace ya 25 años, es toda una cultura”, explica un funcionario de la Alcaldía de El Bagre, en un caluroso día de febrero.

La comisión visitante es encabezada por Victoria Eugenia Restrepo y Lawrence Hardy. La primera, directora del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, y el segundo, subdirector de USAID, agencia de cooperación de los Estados Unidos.

A Restrepo, los campesinos de la vereda Puerto Jobo, vecina de El Bagre, la tratan con reverencia, se refieren a ella como “madre” y le dan gracias interminables por la manera como los convirtió en propietarios de tierras y les devolvió la esperanza en la agricultura. En los últimos meses, decenas de familias de esta vereda se han unido para cultivar maíz y yuca, y han empezado a comprar ganado, con el anhelo de comercializar leche. Todo gracias al programa de desarrollo alternativo, que desde 2002 les propone a los campesinos cambiar la coca por alternativas legales.

“¿Hace cuánto dejaron la coca?”, les pregunto, mientras caminamos por sus tierras. Su líder, don José Solano, un apergaminado y delgado campesino, me mira con seriedad y niega con la cabeza. A su lado, una señora de igual semblante le pone palabras a su gesto: “Aquí nunca sembramos coca. Eso nunca nos llegó”

A nuestro lado, el soldado sigue insistiendo en voz baja que en una semana volarán, solos y sin gringos, adonde sí hay y ha habido siempre coca.

La regla de oro

En esto del desarrollo alternativo hay una ley inquebrantable. Se la inventó Victoria Eugenia Restrepo, respaldada por el presidente Álvaro Uribe. Todos en el gremio se refieren a ella como la política de “cero ilícitos”, una de las más polémicas medidas en el sector de la cooperación internacional. La iniciativa se resume con facilidad: no habrá ayuda del Gobierno o de las agencias de cooperación internacional mientras todos, absolutamente todos, los habitantes de una vereda no acaben con la última hoja de coca.

Muy cerca de El Bagre existe una vereda llamada Los Aguacates. Allí, como en muchas otras partes del bajo Cauca, los hombres de Don Mario y Sebastián se disputan las rutas de comercialización de la hoja de coca. También rondan por la región las Farc y el Eln.

 Hace unos meses, 14 familias de Los Aguacates fueron expulsadas de un programa de USAID. La vereda había pasado un buen tiempo sin coca, pero un grupo de campesinos volvió a sembrar. “Son zonas de grupos ilegales que los inducen a cultivar”, explica una funcionaria de USAID en Antioquia. “Pero ninguna de las 14 familias había reincidido. Y sin embargo, por la política, fueron “descertificados”.

Según pudo establecer El Espectador, durante el último año USAID cerró 21 proyectos en veredas cocaleras de todo el país. “En ellas, la gran mayoría de las familias quería erradicar, pero la política de cero ilícitos nos impidió brindarles apoyo”, explica un alto funcionario de USAID, mientras recorre una escuela financiada por su gobierno, en la vereda La Pajuila, cercana de El Bagre.

La comunidad acaba de recibir los fondos que estaban destinados a Los Aguacates, y ahora adelanta un proyecto de cultivo de caucho. Con iniciativas como ésta, los funcionarios de Acción Social calculan que cerca de cuatro millones de hectáreas se mantienen libres de coca en el país.

Sin embargo, una gran mayoría de estas tierras nunca fue sembrada con coca. “El problema con la política de cero ilícitos —reconoce el representante de USAID entre el calor sofocante y las paredes color verde menta de la nueva escuela en la Pajuila — es que cada vez más estamos buscando desarrollar proyectos en zonas donde el asunto sea más fácil, donde no tengamos que cancelar por descertificación. En últimas, donde no haya coca”.

Una política “no tan justa”

“Hace una semana me mataron otro erradicador”, dice, y pone sobre la mesa en su oficina en Bogotá una pistola artesanal de madera, con una trampa para ratones en la base. El rostro de Victoria Eugenia Restrepo se ensombrece: “Los narcos las amarran a las plantas y cuando llegan los erradicadores manuales, se accionan automáticamente”. Cuando habla de los erradicadores asesinados, o del último informe de Naciones Unidas, que el año pasado indicó un incremento de 27 mil hectáreas de cultivos de coca, pareciera que a Restrepo se le quebraran los ojos.

Pero cuando habla de la política de cero ilícitos, su gesto es diferente. Para ella —que diseñó las reglas del juego, tras el fracaso de la erradicación de cultivos en Putumayo, durante la primera fase de Plan Colombia— la medida es necesaria. También lo es para Aldo Lale-Demoz, director para Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito (Unodoc), conocedor de las políticas de erradicación gradual que fallaron en Perú y Bolivia, y quien sostiene que en Colombia no hay manera de que los campesinos dejen la coca si  “coexiste lo legal con lo ilícito”. Para ellos la lógica es clara: si le das semillas de cacao, y siguen sembrando coca, no van a dejarla.

Pero negarles a veredas enteras la asistencia por cuenta de un par de “cultivadores crónicos”, como los suele llamar Victoria Eugenia Restrepo, ha sido un punto difícil de manejar con las agencias internacionales, especialmente con los europeos. “Si el Gobierno no nos deja trabajar con veredas donde sólo hay un productor de coca, realmente nos impide trabajar en muchas regiones”, sostiene Thierry Dudermel, jefe de cooperación de la delegación en Colombia de la Comisión Europea. Esta tensión ha hecho que, en palabras de un funcionario de Acción Social, los europeos trabajen en Colombia lejos del Gobierno, “y se meten como les parece”.

A los estadounidenses tampoco les termina de hacer gracia, como quedó consagrado a finales del año pasado en un informe presentado al hoy vicepresidente  Joe Biden cuando aún presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Por un lado les choca el no poder entrar a ayudar a familias interesadas en dejar la coca. Y también les preocupa que se esté promoviendo una suerte de presión social interna, para que toda la vereda erradique: “Están poniendo a campesinos contra campesinos, y la comunidad tiene que jugar un papel de fuerza pública que le corresponde realmente a la Policía”, confiesa otro funcionario de USAID.

“Que es una medida a veces poco justa, tengo que reconocer que sí”, dice Restrepo. Para casos en los que los campesinos no pueden acceder porque uno de sus vecinos no erradica, por cualquier razón, o cuando los topógrafos que deben verificar la erradicación no pueden entrar por cuestiones de seguridad, la directora del Programa Presidencial para los Cultivos Ilícitos reconoce que hay que inventar nuevas reglas de juego.

Pero el mapa de ruta que define el norte del desarrollo alternativo en Colombia, que fue creado en 2002, tenía como año de terminación el 2006. Desde entonces, no ha habido correcciones, ni nuevas formulaciones. Hoy, en Planeación Nacional, no hay claridad con respecto a quién responde por este tema. El Espectador, de hecho,  llamó a varias de sus instancias, pero fue enviado de un lado para el otro sin obtener respuesta.

El sabor que queda en la boca, sin embargo, es que allí en las zonas donde pulula la coca, la guerra y el abandono, la política de cero ilícitos deja a los campesinos a su suerte, en manos de los grupos armados.

La política de ‘cero ilícitos’

 

Preocupado por el nivel de dinero invertido durante la primera fase del Plan Colombia en programas como el Plante y los pobres resultados en materia de erradicación de cultivos de coca, el Gobierno Uribe resolvió crear nuevas reglas de juego en el año 2002. A través del Conpes 3218 crearon el programa ‘Familia guardabosques’, así como proyectos productivos de cacao, caucho, palma de aceite y café.

Ahí nació la política de “cero ilícitos’, según la cual ninguna vereda puede recibir ayuda del Gobierno si tiene hoja de coca en su territorio.

La política debía ser revisada en 2006, pero no sucedió.

Vientos de cambio en Estados Unidos

Washington ya no desembolsará dinero para la militarización de la guerra contra las drogas de manera tan fácil. Y por eso, de muchos sectores provienen hoy voces que llaman al fortalecimiento del desarrollo alternativo como estrategia. Esta semana, el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) emitió un informe dirigido a Barack Obama en el que piden al mandatario proseguir con el Plan Colombia, pero presenta tres recomendaciones a su gobierno: eliminar la ayuda militar a unidades del ejército que irrespeten el derecho internacional; eliminar la aspersión aérea y fortalecer el desarrollo alternativo, e invertir en las instituciones sociales y judiciales.