Justos y pecadores
El Mundo
27 Feb 2009 - 11:37 PM
Juan Camilo Maldonado T. / Enviado Especial, bajo Cauca
La política de “cero ilícitos” deja por fuera a cientos de
campesinos que quieren erradicar cultivos de coca. Las agencias de cooperación internacional
no se ponen de acuerdo.
“¿Por qué no llevan a los gringos adonde sí hay coca?”, se
pregunta un soldado parado a pocos metros del río Nechí. Con picardía, observa
al grupo de diplomáticos y funcionarios del Gobierno que caminan, junto algunos
campesinos, por entre un potrero interrumpido por retoños de maíz. “Es cuestión
de montarlos en un helicóptero”, insiste en voz baja el uniformado, mientras
señala río arriba, hacia ese paraje donde Antioquia se funde con el
departamento de Córdoba y en el que el conflicto, aunque no se ve, se siente en
el aire.
Aquí llegó primero el oro; con el oro, la guerra, y con la
guerra, la coca, “y de eso hace ya 25 años, es toda una cultura”, explica un
funcionario de la Alcaldía de El Bagre, en un caluroso día de febrero.
La comisión visitante es encabezada por Victoria Eugenia
Restrepo y Lawrence Hardy. La primera, directora del Programa Presidencial
contra Cultivos Ilícitos, y el segundo, subdirector de USAID, agencia de
cooperación de los Estados Unidos.
A Restrepo, los campesinos de la vereda Puerto Jobo, vecina
de El Bagre, la tratan con reverencia, se refieren a ella como “madre” y le dan
gracias interminables por la manera como los convirtió en propietarios de
tierras y les devolvió la esperanza en la agricultura. En los últimos meses,
decenas de familias de esta vereda se han unido para cultivar maíz y yuca, y
han empezado a comprar ganado, con el anhelo de comercializar leche. Todo
gracias al programa de desarrollo alternativo, que desde 2002 les propone a los
campesinos cambiar la coca por alternativas legales.
“¿Hace cuánto dejaron la coca?”, les pregunto, mientras
caminamos por sus tierras. Su líder, don José Solano, un apergaminado y delgado
campesino, me mira con seriedad y niega con la cabeza. A su lado, una señora de
igual semblante le pone palabras a su gesto: “Aquí nunca sembramos coca. Eso
nunca nos llegó”
A nuestro lado, el soldado sigue insistiendo en voz baja que
en una semana volarán, solos y sin gringos, adonde sí hay y ha habido siempre
coca.
La regla de oro
En esto del desarrollo alternativo hay una ley
inquebrantable. Se la inventó Victoria Eugenia Restrepo, respaldada por el
presidente Álvaro Uribe. Todos en el gremio se refieren a ella como la política
de “cero ilícitos”, una de las más polémicas medidas en el sector de la
cooperación internacional. La iniciativa se resume con facilidad: no habrá
ayuda del Gobierno o de las agencias de cooperación internacional mientras
todos, absolutamente todos, los habitantes de una vereda no acaben con la
última hoja de coca.
Muy cerca de El Bagre existe una vereda llamada Los
Aguacates. Allí, como en muchas otras partes del bajo Cauca, los hombres de Don
Mario y Sebastián se disputan las rutas de comercialización de la hoja de coca.
También rondan por la región las Farc y el Eln.
Hace unos meses, 14
familias de Los Aguacates fueron expulsadas de un programa de USAID. La vereda
había pasado un buen tiempo sin coca, pero un grupo de campesinos volvió a
sembrar. “Son zonas de grupos ilegales que los inducen a cultivar”, explica una
funcionaria de USAID en Antioquia. “Pero ninguna de las 14 familias había
reincidido. Y sin embargo, por la política, fueron “descertificados”.
Según pudo establecer El Espectador, durante el último año
USAID cerró 21 proyectos en veredas cocaleras de todo el país. “En ellas, la
gran mayoría de las familias quería erradicar, pero la política de cero
ilícitos nos impidió brindarles apoyo”, explica un alto funcionario de USAID,
mientras recorre una escuela financiada por su gobierno, en la vereda La
Pajuila, cercana de El Bagre.
La comunidad acaba de recibir los fondos que estaban
destinados a Los Aguacates, y ahora adelanta un proyecto de cultivo de caucho.
Con iniciativas como ésta, los funcionarios de Acción Social calculan que cerca
de cuatro millones de hectáreas se mantienen libres de coca en el país.
Sin embargo, una gran mayoría de estas tierras nunca fue
sembrada con coca. “El problema con la política de cero ilícitos —reconoce el
representante de USAID entre el calor sofocante y las paredes color verde menta
de la nueva escuela en la Pajuila — es que cada vez más estamos buscando
desarrollar proyectos en zonas donde el asunto sea más fácil, donde no tengamos
que cancelar por descertificación. En últimas, donde no haya coca”.
Una política “no
tan justa”
“Hace una semana me mataron otro erradicador”, dice, y pone
sobre la mesa en su oficina en Bogotá una pistola artesanal de madera, con una
trampa para ratones en la base. El rostro de Victoria Eugenia Restrepo se
ensombrece: “Los narcos las amarran a las plantas y cuando llegan los
erradicadores manuales, se accionan automáticamente”. Cuando habla de los
erradicadores asesinados, o del último informe de Naciones Unidas, que el año
pasado indicó un incremento de 27 mil hectáreas de cultivos de coca, pareciera
que a Restrepo se le quebraran los ojos.
Pero cuando habla de la política de cero ilícitos, su gesto
es diferente. Para ella —que diseñó las reglas del juego, tras el fracaso de la
erradicación de cultivos en Putumayo, durante la primera fase de Plan Colombia—
la medida es necesaria. También lo es para Aldo Lale-Demoz, director para
Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito (Unodoc),
conocedor de las políticas de erradicación gradual que fallaron en Perú y
Bolivia, y quien sostiene que en Colombia no hay manera de que los campesinos
dejen la coca si “coexiste lo legal con
lo ilícito”. Para ellos la lógica es clara: si le das semillas de cacao, y
siguen sembrando coca, no van a dejarla.
Pero negarles a veredas enteras la asistencia por cuenta de
un par de “cultivadores crónicos”, como los suele llamar Victoria Eugenia
Restrepo, ha sido un punto difícil de manejar con las agencias internacionales,
especialmente con los europeos. “Si el Gobierno no nos deja trabajar con
veredas donde sólo hay un productor de coca, realmente nos impide trabajar en
muchas regiones”, sostiene Thierry Dudermel, jefe de cooperación de la
delegación en Colombia de la Comisión Europea. Esta tensión ha hecho que, en
palabras de un funcionario de Acción Social, los europeos trabajen en Colombia
lejos del Gobierno, “y se meten como les parece”.
A los estadounidenses tampoco les termina de hacer gracia,
como quedó consagrado a finales del año pasado en un informe presentado al hoy
vicepresidente Joe Biden cuando aún
presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Por un lado les choca
el no poder entrar a ayudar a familias interesadas en dejar la coca. Y también
les preocupa que se esté promoviendo una suerte de presión social interna, para
que toda la vereda erradique: “Están poniendo a campesinos contra campesinos, y
la comunidad tiene que jugar un papel de fuerza pública que le corresponde
realmente a la Policía”, confiesa otro funcionario de USAID.
“Que es una medida a veces poco justa, tengo que reconocer
que sí”, dice Restrepo. Para casos en los que los campesinos no pueden acceder
porque uno de sus vecinos no erradica, por cualquier razón, o cuando los
topógrafos que deben verificar la erradicación no pueden entrar por cuestiones
de seguridad, la directora del Programa Presidencial para los Cultivos Ilícitos
reconoce que hay que inventar nuevas reglas de juego.
Pero el mapa de ruta que define el norte del desarrollo
alternativo en Colombia, que fue creado en 2002, tenía como año de terminación
el 2006. Desde entonces, no ha habido correcciones, ni nuevas formulaciones.
Hoy, en Planeación Nacional, no hay claridad con respecto a quién responde por
este tema. El Espectador, de hecho, llamó
a varias de sus instancias, pero fue enviado de un lado para el otro sin
obtener respuesta.
El sabor que queda en la boca, sin embargo, es que allí en
las zonas donde pulula la coca, la guerra y el abandono, la política de cero
ilícitos deja a los campesinos a su suerte, en manos de los grupos armados.
La política de
‘cero ilícitos’
Preocupado por el nivel de dinero invertido durante la
primera fase del Plan Colombia en programas como el Plante y los pobres
resultados en materia de erradicación de cultivos de coca, el Gobierno Uribe
resolvió crear nuevas reglas de juego en el año 2002. A través del Conpes 3218
crearon el programa ‘Familia guardabosques’, así como proyectos productivos de
cacao, caucho, palma de aceite y café.
Ahí nació la política de “cero ilícitos’, según la cual
ninguna vereda puede recibir ayuda del Gobierno si tiene hoja de coca en su
territorio.
La política debía ser revisada en 2006, pero no sucedió.
Vientos de cambio
en Estados Unidos
Washington ya no desembolsará dinero para la militarización
de la guerra contra las drogas de manera tan fácil. Y por eso, de muchos
sectores provienen hoy voces que llaman al fortalecimiento del desarrollo
alternativo como estrategia. Esta semana, el Instituto Tecnológico de
Massachussets (MIT) emitió un informe dirigido a Barack Obama en el que piden
al mandatario proseguir con el Plan Colombia, pero presenta tres
recomendaciones a su gobierno: eliminar la ayuda militar a unidades del
ejército que irrespeten el derecho internacional; eliminar la aspersión aérea y
fortalecer el desarrollo alternativo, e invertir en las instituciones sociales
y judiciales.